Esta semana es importante resaltar la reforma constitucional relativa al delito del secuestro. El objetivo es terminar con la con la cadena de violencia que lastima en grandes proporciones a quienes lo padecen, sus familiares y a la sociedad en su conjunto.
En el senado se aprobó la adición al artículo 73 constitucional que otorga el Congreso a la facultad de emitir leyes generales con la finalidad de que se libre la acción de todos los poderes de la Unión en materia de secuestros.
Pedro Joaquín Coldwell, del PRI dice; “El siguiente paso que es que podamos a partir de febrero, que este aprobado por los estados, emitir ya la ley general en materia de antisecuestros.”
El secuestro es uno de los delitos más crueles, cuyas consecuencias dejan profundas huellas en las victimas y familiares que lo sufren, no solo en lo económico, si no también por que las secuelas físicas y psicológicas son graves y permanentes.
Desafortunadamente en nuestro país el secuestro se ha convertido en una plaga delictiva en auge, donde cientos de personas se han visto trastocadas en su dignidad y privadas de su libertad. Y peor aun algunas de estas personas por desgracia han sido mutiladas o privadas de la vida de la manera mas cobarde.
Cifras y datos conocidos recientemente a través de los diferentes medios de comunicación nos dan muestra de la gravedad e incremento del problema del secuestro en nuestro país, así como la necesidad de tomar acciones concretas en el ámbito de las responsabilidades de cada uno de las órdenes de gobierno. Ante la desigualdad de fuerzas, el crimen organizado esta demostrando una capacidad de daño enorme, se requiere que además del marco legal, las fuerzas de seguridad hagan uso de las herramientas de inteligencia y superen el estado de cosas que nos aqueja.
Hoy quise escribir sobre este tema después de conocer el drama que vive la familia de Nelson Vargas y que ha si como el, en el país lo padecen muchas familias.